1) El Estado no cumplió con sus deberes en diferentes conceptos.
PREVENIR: El Estado tenía en este caso el deber de capacitar a los funcionarios públicos sobre los derechos que tiene la prensa y entender su labor para con la comunidad.
PROTEGER: El Estado no realizó un correcto procedimiento de seguridad, pues en cuanto se dieron a conocer las amenazas que estaba sufriendo el periodista, lo correcto hubiese sido implementar un protocolo de seguridad para salvaguardar su vida.
PROCURAR JUSTICIA: El Estado realizo un deficiente proceso jurídico y promovió la impunidad del hecho.
2) Capacitar a los servidores públicos, a los entes territoriales, grupos de incidencia y comunidad en general sobre los derechos y deberes de la prensa. También, capacitar y dar a conocer las rutas de atención en caso de presentarse violaciones a la prensa o libertad de expresión. Asimismo, implementar correcta y eficientemente todos los protocolos jurídicos y penales que requieran los casos donde se vean afectados los derechos de la prensa y libertad de expresión, con tal de que estos no queden en la impunidad.
3) Sí, porque el derecho a la reserva de la fuente es una herramienta básica que tienen todos los periodistas y no puede ser violada bajo ninguna circunstancia.