1. En el caso anteriormente expuesto, el Estado NO cumplió su deber de prevenir, proteger y procurar justicia. Esto se ve evidenciado ya que, en su obligación de prevenir, no adoptó un discurso público en favor del ejercicio periodístico, sino por el contrario, Miguel Reyes (funcionario estatal) estigmatizó al periodista que publicó el artículo. Además, en el momento en que la Fiscalía entra a investigar la denuncia interpuesta por el periodista, viola el principio de reserva de fuentes, al pedirle al periodista que diera los datos de contacto de sus fuentes para llamarlas a declarar. Adicional a esto, no cumplió con la obligación de proteger, pues archivó el caso, aduciendo que no habia material probatorio y no se hizo una evaluación de la amenaza y adoptaron medidas de protección específica. Por la misma línea, no se procuró justicia, ya que se archivó la investigación y además se vulneró los protocolos de investigación estipulados en la directiva 007 de 2016 de la Fiscalía en donde se prohibe citar a un periodista a rendir testimonio.
2. El Estado podría aplicar mejores prácticas, capacitando y siendo incisivo en que los funcionarios públicos de cualquier índole no estigmaticen ni señalen a los periodistas cuando no les gusta algun tipo de publicación que realizan. Asimismo, capacitarlos para que tengan siempre presente los delitos contra la libertad de prensa y expresión. Por último, si se tienen cifras actualizadas y diferenciadas en torno a la violencia y vulneración de derechos contra periodistas, pueden actuar de mejor forma, más eficaz y certera.
3. En efecto es una vulneración a la reserva de la fuente, ya que según los protocolos de investigación y la directiva 007 de 2016 de la misma Fiscalía prohíbe citar a periodistas a declarar, asi como pedir datos sobre sus fuentes. Los periodistas entran en la categoría de especial protección constitucional, por lo cual se debe tener un trato diferencial en torno al trabajo que realizan y eso involucra también a las fuentes a las que recurren.