1. El Estado no cumplió con la obligación de prevenir, proteger y procurar justicia ante los ataques puntuales de Miguel Reyes y las amenazas que recibió posteriormente, pues no adoptó las medidas necesaria para identificar y evaluar los riesgos a los que estaba expuesto, archivando el caso como respuesta a su denuncia y poniendo en peligro su vida, integridad y seguridad.
2. Para contrarrestar la violencia contra el ejercicio del periodismo es importante que el Estado de a conocer los ya existentes programas de protección que se ejecutan y que de la misma velar por los derechos de libre expresión y de recibir información como ciudadanía sin que esta se vea estropeada por quienes en beneficios propios no les conviene que salga a la luz.
3. Si se estarían vulnerando los derechos de reserva de fuentes, pues el periodista tiene como fundamental el ejercicio libre e independiente de información sin ser obligado a revelar el origen de la misma y de sus investigaciones en general.