1. El estado incumplió todos sus deberes frente al caso de Rogelio Cardona, donde no tuve ni prevención, ni protección y mucho menos procuro dar justicia a un tema que es reiterativo en Colombia, donde se puede observar que el ejercicio de los funcionarios públicos van siempre a estigmatizar o violentar al periodismo.
2. Lo principal por parte del Estado es cuestionar la actuación del funcionario publico quien levanta un discurso publico en contra de un periodista, además de aseverar que sus intenciones con lo publica vienen del sector criminal. También sería concerniente que el Estado pueda realizar una investigación real de las acusaciones que se presentan contra el funcionario publico ya que la veeduría no solo es un derecho periodístico sino también ciudadano.
3. Totalmente es una vulneración ya que el periodista no esta obligado, además el Estado cuenta con instituciones de investigación para encontrar más material probatorio en contra de este funcionario público.